Qué es el DeCA y quién está obligado desde el 5 de octubre de 2026

El documento de control es el justificante que acompaña, salvo las excepciones previstas en la normativa, a cada envío de transporte público interior de mercancías por carretera: identifica al cargador contractual, al transportista efectivo, el vehículo, el origen y el destino y la mercancía.

Existe desde hace años, y ya podía emitirse en formato electrónico. Lo que cambia ahora es que el formato electrónico pasa a ser obligatorio: la Ley 9/2025 estableció un plazo de diez meses desde su entrada en vigor, que se cumple el 5 de octubre de 2026, y la Resolución de 5 de junio de 2026 define los requisitos técnicos que ese documento electrónico debe cumplir.

Como regla general, la obligación afecta al transporte público interior de mercancías por carretera, incluidas las operaciones de cabotaje (vehículos de empresas de otros países haciendo transportes dentro de España). La normativa prevé excepciones para determinados supuestos — entre otros, ciertos transportes exentos de título habilitante, mudanzas o vehículos averiados —, por lo que conviene comprobar el caso concreto. Y un matiz importante: formalizar el documento no es cosa de uno solo — la obligación alcanza tanto al cargador contractual como al transportista efectivo.

La norma no se limita a pedir "un PDF". El documento electrónico debe reunir, entre otros, estos requisitos: contener los datos del transporte (partes, vehículo, origen y destino, mercancía y fechas), incorporar un código QR que permita la descarga directa del documento, ser accesible mediante conexión segura sin necesidad de credenciales y conservarse durante el plazo legal. Y si algo cambia durante la ruta, la norma admite dos caminos: actualizar el mismo documento dejando constancia del dato anterior como no válido, junto con la fecha y el motivo del cambio, o generar un nuevo documento con su propia URL y su propio código QR, conservando el original para garantizar la trazabilidad.

La carencia del documento de control a bordo, su falta de diligenciado o la ausencia de datos esenciales constituye una infracción grave de la normativa de transporte, sancionable con multa de 401 a 600 euros. Y no es lo mismo un error puntual que falsear datos deliberadamente: las conductas de mayor gravedad tienen sanciones superiores. Más allá de la multa, un documento mal hecho complica cualquier inspección: el agente tiene que poder comprobar el transporte en el momento.

Puedes adaptar un sistema propio, utilizar una plataforma documental integrada con tu gestión o recurrir a una herramienta especializada. Portea está pensada para autónomos y flotas pequeñas que hacen portes a diario: te registras, emites el documento con su QR en un par de minutos desde el móvil, y si algo cambia en ruta lo actualizas al momento dejando el rastro que exige la norma.